• El 52% de los entrevistados no saben diferenciar entre las comercializadoras y distribuidoras, ni las funciones que desarrollan unas y otras.
• Siete de cada diez entrevistados manifiesta no haber recibido ningún tipo de información sobre la liberalización del mercado eléctrico.

• Más del 50% de los entrevistados ignora que ya pueden contratar la electricidad con el  comercializador que deseen.
• Pero, aún crece más el desconocimiento cuando se pregunta si saben que, a partir del 1 de julio de 2009, deberán elegir comercializador: cerca del 80% dijeron no saberlo, frente al 20% que respondieron afirmativamente.
• Además, el 52% de los entrevistados no saben diferenciar entre las comercializadoras y distribuidoras ni las funciones que desarrollan unas y otras; solo un 36% sabe distinguir sus funciones y un poco más del 10% cree que ambas desarrollan la misma actividad.
• Estos datos se relacionan con el hecho de que siete de cada diez entrevistados manifiesten no haber recibido ningún tipo de información sobre la liberalización del mercado eléctrico.
• Es decir, que sólo el 28% afirma haber recibido alguna información. Los canales por los que la han recibido han sido los siguientes: más del 15% fue suministrada por la compañía eléctrica, mayoritariamente por correo (54,5%), seguido del teléfono (28,6%). Sólo el 2,5% de los entrevistados afirmó haber recibido información procedente de la Administración. Los habitantes de las zonas rurales y los que habitan en localidades de menos de 20.000 habitantes son los que menos información han recibido.

Desconocimiento sobre las responsabilidades y derechos

• Por otro lado, en cuento a la responsabilidad ante los problemas que pudieran surgir relacionados con el suministro. Cuatro de cada diez personas (el 42,7%) no sabrían determinar si la responsabilidad debería corresponder a la comercializadora o a la distribuidora.  El 32,7% opina que la responsabilidad sería de esta última y  el 24,7% de la comercializadora.
• Un ejemplo sobre el desconocimiento en cuanto a los derechos que tenemos como usuarios lo ofrece este dato: el 40% de la población encuestada no sabe que cuando se produce un corte en el suministro eléctrico debemos recibir una indemnización (al margen de la reclamación por daños que pudiera hacerse) Las personas que menos conocimiento tienen sobre este tema son las de mayor edad y de menor nivel socioeconómico.
• En concreto, se preguntó a los encuestados de qué dependía el número mínimo de interrupciones para poder tener derecho a la indemnización: solo el 12% sabía la respuesta correcta (que dependía del tamaño de hábitat)

La factura de electricidad

• Respecto a la factura eléctrica, aunque el  93,5% de las personas entrevistadas conocía su importe aproximado, al entrar en detalle y preguntar por otros elementos de la factura, el grado de conocimiento cae en picado: Así, nueve de cada diez, ignoran el precio aproximado del kW/hora que están pagando.
• También se les preguntó a los consumidores si recordaban los conceptos que se incluían en la factura. El 56% dijo no saberlo, sobre todo los jóvenes y las personas mayores.
• Sobre esta cuestión, se incluyó una pregunta relacionada con la parte de la factura que se destina a la investigación de las energías renovables: el 76% rechaza que este coste deba asumirlo el consumidor.
• En cuanto a la frecuencia con la que se paga la factura eléctrica, los resultados son concluyentes: al 69,9%, es decir, casi  siete de cada diez personas prefieren seguir pagando la electricidad cada dos meses. Sólo al 25% le parece mejor la nueva frecuencia, y a un 4%  le resulta indiferente.
• Por otro lado, el 27% no sabe qué potencia tiene contratada en su hogar. Esta respuesta es más habitual entre la gente mayor y de nivel socioeconómico bajo.
• Cuando el consumidor es una persona de mayor edad, de nivel socioeconómico bajo y reside en una población pequeña, se opta porque la decisión la tome la compañía eléctrica (el  30% de los casos).

Conocimiento de la nueva Tarifa Social y el fin de la tarifa nocturna

• Entre los diversos tipos de tarifas que coexistirán en el mercado liberalizado, una de las novedades la constituye la denominada Tarifa Social. Cuando se preguntó si sabían los requisitos que eran precisos para acogerse a ella, el 66% no supo contestar, el 24%  opinó que la familia tuviera una renta baja, y solo un 10% lo vinculó  a la potencia contratada. Sin embargo, cuando se les preguntó cuál hubiera sido a su jicio el requisito más adecuado, el 70% de los entrevistados opinó que “la familia tenga un nivel bajo de ingresos”.
  
• Respecto a la transformación de la "Tarifa nocturna", en la actual de “Discriminación horaria”, casi el noventa por ciento (el 87,1% concretamente) de los entrevistados ignoran, de manera espontánea, cuáles son los aspectos que más han cambiado de una tarifa a otra. Las respuestas mayoritarias están relacionadas con el incremento en el precio: casi el 72,6% contestaba “yo solo sé que ahora pago más que antes”.
  
• Además, y siempre de manera sugerida,  los entrevistados no son conscientes de los aspectos más importantes de este cambio: sólo tres de cada diez sabían  que el número de horas se había ampliado de ocho a catorce horas. Además,  el 67,7% ignoraba la conveniencia de introducir algunas modificaciones en la instalación para reducir los gastos, tales como cambiar las resistencias de los aparatos acumuladores a la mitad al disponer de más horas valle para la carga de los mismos, o instalar  relojes para alternar la carga de unos y otros en las diferentes horas de menor coste.
• Por último, las opiniones manifestadas por estos entrevistados fueron principalmente negativas, denominando la situación como una estafa y un engaño.

El déficit tarifario

• Por último, la postura respecto al déficit tarifario es muy clara: casi nueve de cada diez consumidores  son contrarios a que el déficit deba ser asumido por los consumidores con el argumento de que la electricidad es barata, o que no se han trasladado los costes reales a las tarifas.
• Gran parte de los entrevistados, ocho de cada diez,  se muestran de acuerdo en que para reducir el déficit  las compañías deberían reducir su margen de beneficio. Al Estado  se le asigna también un papel importante en la superación del déficit: el 50% tienen un alto nivel de acuerdo con que sea el Estado quien lo afronte.

Demandas

En el capítulo de demandas y reivindicaciones, el informe de CEACCU plantea la necesidad de aclarar el régimen de responsabilidades, la exigencia de unos adecuados servicios de atención al cliente ante las incidencias que cabe esperar y las dudas de los consumidores; así como una entidad única para la resolución de conflictos, apostándose por el Sistema Arbitral de Consumo. Junto a esto, CEACCU también plantea la necesidad de campañas de información masivas, con especial atención a los sectores más vulnerables:

- “Es preciso que este proceso se haga con plena garantía y respeto hacia los consumidores y su derecho a la información y la protección de sus intereses económicos. En este sentido, se debería esclarecer cuanto antes por la Administración el régimen de responsabilidades de comercializadores y distribuidores en su relación con el consumidor”.

- “Los comercializadores en general, y los de último recurso en particular, deberán estar en situación de prestar  a los consumidores la calidad del servicio  en los términos recogidos en las leyes. Para ello deberán poner en marcha cuantos recursos sean necesarios para atender las demandas de información de los consumidores. Especial atención  se requiere tanto en relación a los consumidores más vulnerables: personas mayores o personas con un bajo nivel de formación, como a los que residen en las zonas menos pobladas. Para estos deberían ampliarse los recursos  de atención personalizada (oficinas comerciales)”.

- “Los consumidores deberían tener un único interlocutor para la resolución de los problemas relacionados con el consumo de energía eléctrica.. En este sentido, la CEACCU debería promover la adhesión de las empresas del sector al Arbitraje de Consumo”.

-“Es preciso ampliar  la información de los  consumidores sobre la liberalización, la tarifa de último recurso, los nuevos sujetos del mercado, etc. Por ello deberían ponerse en marcha cuanto antes campañas de información dirigidas al gran público. Esto es especialmente necesario respecto de los consumidores más vulnerables y en los ámbitos rurales”


Más información:
Yolanda Quintana (CEACCU-prensa) Tl.: 91 5 94 50 89 Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla