El CCU, UGT y CCOO han propuesto al Gobierno medidas sobre endeudamiento para familias especialmente vulnerables

Notas de Prensa

Las nueve medidas están encaminadas a aminorar las dificultades económicas de miles de consumidores
Establecer mecanismos que permitan aliviar las dificultades para hacer frente al pago de la vivienda habitual y medias especiales para casos de embargo son dos de las propuestas que contiene el documento
También se contempla la creación de unidades de apoyo y asesoramiento para casos de sobreendeudamiento

Nueve medidas elaboradas conjuntamente y encaminadas a aminorar el impacto de las crisis y las dificultades económicas que atraviesa la economía española, dentro de un contexto de crisis generalizada a nivel global, han sido propuestas al Gobierno por el Consejo de Consumidores y Usuarios y las centrales sindicales UGT y CCOO.

Los proponentes, que consideran que la situación actual afecta a miles de ciudadanos y ciudadanas y que es especialmente preocupante en el ámbito del sector inmobiliario de carácter residencial, dirigen su propuesta principalmente a dotar de transparencia, agilidad y eficacia los procesos de reestructuración de deuda de carácter familiar.

Las medidas propuestas son:

Crear unidades de asesoramiento y apoyo frente al sobreendeudamiento en las Administraciones de Consumo, con participación de las Asociaciones de Consumidores y los agentes sociales.
Establecer planes de rehabilitación y reestructuración de la deuda que, en caso de embargos judiciales, hipotecarios y crediticios, se realice mediante un arbitraje, mediación y conciliación cuando afecte a la vivienda habitual o a las retribuciones salariales del afectado. El objetivo es reconducir la deuda y la economía doméstica del deudor y que se negocie con la entidad de referencia desde las instituciones de consumo, asociaciones de consumo u organizaciones sociales que designe el consumidor. Todo ello en un plazo razonable de arbitraje, acreditándose este hecho por parte de las entidades financieras.
En el caso de colectivos en especial situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión, se debería contemplar la actualización de los tipos de interés a las hipotecas más rápidamente y establecer algún tipo de garantía ante la eventual desviación del Euribor a otros índices de referencia del tipo que marca el BCE. Podría hacerse mediante una línea específica a instituir por parte del ICO mediante avales, garantías o créditos puente para la rehabilitación de la hipoteca.
Modificación del artículo 131 de la Ley Hipotecaria para evitar la venta directa de la vivienda sin medidas intermedias de arbitraje y de forma que permita paralizar la ejecución hipotecaria en los términos actuales.
En el caso de situaciones familiares económicamente graves en relación con el articulo 11 de la Ley 28/98 de venta a plazos de bienes muebles, dotarlas de un procedimiento judicial especifico, sobre la base de la facultad moderadora de los jueces, en el caso de no llegarse a un acuerdo en el procedimiento extrajudicial.
Debería contemplarse la exención de comisiones, tributos o tasas en los casos de ampliación del plazo de amortización a petición del consumidor o de que se proceda a la venta de la vivienda por motivos de imposibilidad de asumir los pagos hipotecarios.
Estudiar medidas encaminadas a la adquisición de viviendas VPO por las Administración en caso de impagos y proceder al alquiler de las mismas al antiguo propietario, ofreciendo la posibilidad de recompra futura. Esta medida debería estar enmarcada en una acción concertada del conjunto de las Administraciones Públicas y el sector privado, para promover programas de vivienda en alquiler, que contemple tanto los problemas asociados a la disposición de suelo como el stock de vivienda nueva existente y el acceso a la financiación.
Reformar la normativa sobre transparencia bancaria y publicidad financiera para evitar formatos agresivos y posibles condiciones abusivas en los contratos de préstamos y créditos, así como la regulación de la intermediación del crédito y las consultoras financieras de reunificación de deudas.
Establecer una reglamentación que contemple y favorezca el impulso de la educación financiera y un modelo de consumo sostenible, junto con la creación de una red de servicios de asesoramiento presupuestario y la implantación de un nuevo procedimiento extrajudicial.

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